El peligroso negocio moral de “corregir” identidades

Por: Rod Torres “El Gober”

Lo ocurrido recientemente a Carime en Tijuana con una mujer trans en situación de calle no es un hecho menor ni un episodio aislado que pueda reducirse a una simple “controversia” en redes sociales. Lo sucedido exhibe una realidad mucho más profunda y preocupante: en México todavía existen sectores sociales que consideran válido intervenir, corregir, exhibir o violentar a las personas trans bajo discursos disfrazados de ayuda, moralidad o espiritualidad por parte de Jireh y otras pseudo asociaciones.

Como miembro de CREO Reynosa y como persona comprometida con la defensa de los derechos humanos, considero indispensable hablar con claridad sobre este tema. No podemos seguir normalizando actos que vulneran la dignidad humana de las personas de la diversidad sexual y de género, especialmente cuando se trata de quienes viven en condiciones de pobreza, abandono o exclusión social.

El caso de Tijuana no sólo generó indignación porque una mujer trans fue expuesta públicamente; generó indignación porque evidenció la facilidad con la que algunas personas creen tener autoridad sobre la identidad y el cuerpo de otras. Y eso es profundamente peligroso.

Existe una diferencia enorme entre brindar ayuda humanitaria y ejercer control sobre la vida de alguien. Ayudar implica escuchar, acompañar y respetar la autonomía de las personas. Lo contrario —humillar, exhibir, imponer discursos religiosos o intentar modificar identidades— constituye una forma de violencia.

Las personas trans en México viven una realidad marcada por la discriminación estructural. Muchas enfrentan rechazo familiar desde edades tempranas, abandono escolar, falta de acceso al empleo formal y barreras en los sistemas de salud y justicia. Esa exclusión social no es casualidad; es consecuencia de una cultura que históricamente ha castigado todo aquello que se sale de la norma heterosexual y cisgénero.

Cuando una mujer trans termina viviendo en situación de calle, el problema no comenzó ahí. Comenzó desde mucho antes: con la expulsión familiar, el bullying, la discriminación laboral, la falta de oportunidades y la ausencia de políticas públicas efectivas. Por eso resulta indignante que, en lugar de atender las causas profundas de esa vulnerabilidad, existan grupos que prefieran utilizar esas situaciones para reforzar discursos de “corrección” moral.

También es importante decir algo con firmeza: las llamadas “terapias de conversión” no son ayuda psicológica, ni espiritual, ni médica. Son prácticas de violencia.

En México, los llamados ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género) ya están prohibidos y sancionados a nivel federal desde 2024. El Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para castigar con penas de dos a seis años de prisión a quienes realicen, financien u obliguen a una persona a someterse a prácticas destinadas a “modificar” su orientación sexual, identidad o expresión de género. Las penas aumentan cuando las víctimas son menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

La relevancia de esta legislación no es simbólica; responde a décadas de denuncias y evidencia internacional. Organismos de derechos humanos y especialistas han documentado que estas prácticas provocan ansiedad, depresión, estrés postraumático, culpa, aislamiento social e incluso conductas suicidas. La propia Organización de las Naciones Unidas ha señalado que estas prácticas pueden constituir actos crueles, inhumanos o degradantes equivalentes a tortura.

Aun así, persiste un discurso conservador que insiste en presentar las identidades trans como algo “corregible”. Ese pensamiento no solamente es científicamente falso; también alimenta la violencia social.

No podemos ignorar que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para las personas trans. Diversos observatorios y organizaciones civiles han advertido sobre el incremento sostenido de transfeminicidios y crímenes de odio. Datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+ reportaron decenas de asesinatos de mujeres trans en años recientes, mientras organizaciones internacionales como TGEU mantienen a América Latina y particularmente a México entre las regiones con mayores índices de violencia transfóbica.

Hablar de transfeminicidio no es exagerar. Es reconocer que muchas mujeres trans son asesinadas precisamente por ser quienes son. Existe un componente de odio, castigo y desprecio hacia las identidades femeninas trans que debe nombrarse correctamente. Durante años, estos crímenes fueron invisibilizados o registrados únicamente como homicidios comunes, sin considerar el contexto de discriminación y violencia estructural que los rodea.

Por eso es tan importante que algunos estados de México hayan comenzado a tipificar el transfeminicidio como una categoría específica dentro de sus legislaciones. Aunque todavía falta mucho por avanzar, este reconocimiento jurídico representa un paso importante para nombrar adecuadamente una violencia históricamente ignorada.

Sin embargo, las leyes por sí solas no bastan.

De poco sirve aprobar reformas si socialmente seguimos permitiendo discursos que deshumanizan a las personas LGBT+. Cada vez que alguien afirma que una persona trans necesita “ser salvada”, “corregida” o “volver a ser normal”, se fortalece un ambiente donde la violencia encuentra justificación.

Y aquí es donde debemos ser autocríticos como sociedad.

México ha avanzado legalmente en muchos aspectos relacionados con los derechos LGBT+, pero culturalmente seguimos arrastrando profundas contradicciones. Celebramos la diversidad en campañas institucionales o durante el mes del orgullo, pero seguimos tolerando burlas, exclusión y violencia cotidiana. Aplaudimos discursos de inclusión mientras muchas personas trans siguen siendo expulsadas de sus hogares o asesinadas con niveles alarmantes de impunidad.

La transfobia no siempre aparece de manera explícita. A veces se manifiesta en forma de “preocupación moral”, de paternalismo religioso o de supuesta ayuda comunitaria. Pero cuando esa ayuda busca controlar la identidad de alguien, deja de ser ayuda y se convierte en violencia.

Lo ocurrido en Tijuana debe servirnos para reflexionar sobre algo fundamental: la dignidad humana no depende de la aprobación social, religiosa o política de nadie. Los derechos humanos no son negociables ni condicionados a la identidad de las personas.

Las personas trans no necesitan ser corregidas.
Necesitan seguridad.
Necesitan acceso a salud, educación y empleo.
Necesitan justicia.
Necesitan vivir sin miedo.

Y sobre todo, necesitan una sociedad capaz de reconocerlas como personas con la misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otra.

Desde CREO Reynosa seguiremos alzando la voz frente a cualquier acto de discriminación o violencia hacia la comunidad LGBT+, especialmente contra quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Porque guardar silencio ante estas injusticias también perpetúa la violencia.

Defender los derechos humanos nunca será una exageración.
Lo verdaderamente peligroso es acostumbrarnos a la violencia.

“El Gober”